La Resolución de Superintendencia que modifica la Resolución de Superintendencia Nº 210-2004/SUNAT, mediante la cual se aprueban las disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo Nº 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes, es altamente compleja, con múltiples referencias cruzadas a otros artículos y anexos. Esta complejidad dificulta que un contribuyente o persona promedio entienda sus obligaciones sin recurrir a asesoría legal o contable. No solo incrementa los costos de cumplimiento para los contribuyentes, sino que también aumenta el riesgo de errores y omisiones involuntarias.
La obligación de inscribirse en el RUC se extiende a una amplia gama de situaciones y propiedades, lo cual puede ser abrumador y confuso. La definición de «predios» abarca una variedad de terrenos y edificaciones, incluyendo terrenos ganados al mar y otros cuerpos de agua, lo que parece excesivo y puede generar confusión. La categorización de estacionamientos y cuartos de depósito como predios únicos añade una capa adicional de complejidad que puede resultar difícil de manejar para los pequeños propietarios.
El proceso de valoración de los predios, especialmente aquellos ubicados en el extranjero, es particularmente complicado. La conversión del valor del predio a moneda nacional, pasando primero por una conversión a dólares estadounidenses, añade una capa adicional de complejidad y potenciales errores. Esto es especialmente preocupante en países con tipos de cambio inestables, donde las fluctuaciones pueden llevar a evaluaciones imprecisas y cargas tributarias injustas.
La consideración de predios en copropiedad y su distribución proporcional entre copropietarios, aunque justa en teoría, puede ser complicada en la práctica. Determinar y acordar estos porcentajes puede generar conflictos entre copropietarios y complicar la gestión tributaria de estos bienes. La falta de claridad y la posibilidad de disputas pueden llevar a situaciones de incertidumbre legal y tributaria.
El requisito de inscripción en el RUC para propietarios de acciones o participaciones cuyo valor supere las 100 UIT, aunque razonable desde una perspectiva de control tributario, puede representar una carga administrativa significativa para aquellos contribuyentes que no están acostumbrados a gestionar estos trámites. Los pequeños inversores, en particular, pueden carecer de acceso a asesoría legal y contable adecuada, lo que puede dificultar el cumplimiento de estas obligaciones.
El plazo para la inscripción en el RUC hasta el 30 de septiembre de 2024 es bastante estricto y no toma en cuenta posibles dificultades que los contribuyentes puedan enfrentar para cumplir con esta obligación en tan poco tiempo. La fijación de una fecha límite tan próxima puede resultar en una carga administrativa pesada, especialmente para aquellos que no están familiarizados con los procedimientos tributarios o que tengan limitaciones de tiempo.
La obligación de inscripción automática por parte de la SUNAT para aquellos que no cumplan con inscribirse dentro del plazo estipulado puede ser vista como una medida coercitiva que no toma en cuenta posibles errores o desconocimiento de la normativa por parte de los contribuyentes. Esto puede generar un sentimiento de injusticia y coerción, afectando negativamente la percepción de la SUNAT y el sistema tributario en general.
La obligación de inscribirse en el RUC a personas naturales o sucesiones indivisas con saldos superiores a 300 UIT en sus cuentas financieras puede desincentivar el ahorro y la inversión en el sistema financiero formal. Las personas pueden buscar evitar estas obligaciones manteniendo menores saldos en cuentas bancarias, lo que a su vez podría fomentar la informalidad financiera y afectar negativamente la economía formal.
La obligación de inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) basada en la propiedad de ciertos tipos de bienes o inversiones podría comprometer la privacidad y el derecho de las personas a mantener confidenciales ciertos aspectos de su patrimonio, sobre todo si en el país no existe impuesto a la propiedad, más allá del impuesto predial.
La complejidad y la extensión de las disposiciones pueden dificultar que los contribuyentes comprendan plenamente sus obligaciones y derechos. Esto puede limitar su capacidad para preparar una defensa efectiva en caso de discrepancias o disputas con la autoridad tributaria.
Por ello, es crucial simplificar la redacción de las normativas tributarias para que sean accesibles y comprensibles para todos los contribuyentes, incluso aquellos sin acceso a asesoría legal o contable. Reducir las referencias cruzadas y simplificar los criterios de inscripción en el RUC mejoraría la transparencia y facilitaría el cumplimiento voluntario.
Es fundamental establecer plazos razonables y flexibles para la inscripción en el RUC, teniendo en cuenta las posibles dificultades y limitaciones de los contribuyentes. Permitir períodos de transición adecuados y exenciones basadas en circunstancias específicas podría reducir la carga administrativa y promover el cumplimiento voluntario. En conclusión, si bien es necesario fortalecer el control tributario, es igualmente importante salvaguardar los derechos fundamentales de los contribuyentes. Adoptar medidas que promuevan la simplificación, la protección de la privacidad y la accesibilidad normativa beneficiará tanto la administración tributaria como la percepción pública de justicia y equidad en el sistema tributario.
R y C Asesores 