R y C Asesores

En el marco normativo peruano, el Impuesto General a las Ventas (IGV) grava entre otros, la venta de bienes, la prestación de servicios y las actividades de construcción. Conforme a la ley, toda empresa que realice operaciones gravadas debe pagar mensualmente al fisco el impuesto correspondiente, calculado como la diferencia entre el IGV generado por sus ventas y el crédito fiscal derivado de sus adquisiciones, siempre que estas estén directamente relacionadas con operaciones gravadas. Esta estructura, que en principio parece equilibrada, puede generar serias tensiones de liquidez cuando no se acompaña de una gestión adecuada y una planificación estratégica.

En la práctica, muchas empresas, especialmente aquellas del sector servicios, enfrentan dificultades al momento de cumplir con esta obligación. Este sector se caracteriza por tener un alto valor agregado, lo que significa que su margen operativo está compuesto en gran parte por costos que no dan derecho a crédito fiscal, como los sueldos y salarios, depreciación, etc. Esto implica que el IGV generado por sus ingresos no se ve suficientemente compensado por el IGV pagado en sus compras, incrementando la carga tributaria efectiva. A esta situación se suma el hecho de que muchas ventas se realizan al crédito, lo cual no afecta la obligación tributaria: el IGV debe ser pagado mensualmente con independencia de que la empresa haya cobrado o no dichas facturas. Así, el tributo se convierte en una salida de caja inmediata sin un ingreso equivalente, generando problemas de liquidez e incluso acumulación de deuda con la Administración Tributaria.

Frente a este panorama, es fundamental que las empresas gestionen el IGV como una variable financiera más, incorporándolo dentro de sus herramientas de planeamiento. Una adecuada proyección mensual del impuesto permite anticipar su impacto en la caja y tomar decisiones estratégicas con tiempo. Por ejemplo, se puede evaluar el momento más conveniente para realizar determinadas compras o anticipar cobros que ayuden a financiar el impuesto. Asimismo, revisar la estructura de costos se vuelve una tarea clave. En algunos casos, tercerizar servicios —como limpieza, soporte técnico o actividades administrativas— puede ser una decisión conveniente si estos se facturan con IGV y generan crédito fiscal. No se trata de precarizar el empleo ni de reemplazar planillas de manera irregular, sino de encontrar un balance que permita a la empresa recuperar parte del IGV que hoy no aprovecha.

Además, gestionar adecuadamente los plazos de cobro y pago puede marcar una diferencia significativa. Implementar estrategias como pedir anticipos, establecer pagos por hitos de avance o recurrir al factoring para adelantar liquidez permite reducir la brecha entre el pago del impuesto y la recepción del ingreso. Igualmente, al momento de adquirir activos, optar por el leasing financiero puede resultar más eficiente, ya que las cuotas mensuales están gravadas con IGV y permiten generar crédito fiscal, a diferencia de la simple amortización de activos comprados directamente.

Por otro lado, es importante mantener un control riguroso de los comprobantes de pago y asegurarse de que todos cumplan los requisitos para sustentar el crédito fiscal de acuerdo a los artículos 18 y 19 de la Ley del IGV. En empresas que realicen operaciones exoneradas o inafectas, se debe aplicar correctamente el prorrateo del IGV, a fin de evitar sanciones o reparos por parte de la SUNAT. Y cuando el flujo de caja no alcanza para cubrir la obligación, las empresas pueden recurrir a mecanismos como compensaciones con saldos de detracciones o acceder a líneas de crédito para el pago de tributos, que si bien no eliminan la deuda, permiten postergarla sin incurrir en mora tributaria, teniendo en cuenta la tasa de interés.

En definitiva, el IGV no debe verse como una simple obligación tributaria, sino como un factor que incide directamente en la salud financiera de la empresa. Gestionarlo adecuadamente no significa evadirlo ni eludirlo, sino entender su lógica, anticipar su efecto en la operación y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con la ley sin comprometer la sostenibilidad del negocio. En tiempos donde la liquidez es limitada y el entorno tributario cada vez más exigente, optimizar el IGV es una responsabilidad financiera tan importante como cualquier otra. Una empresa que logra articular su planificación tributaria con su gestión operativa estará en mejores condiciones para crecer, competir y mantenerse a flote, incluso en contextos de alta presión económica.