R y C Asesores

El panorama tributario en el Perú atraviesa una etapa compleja. En medio de un contexto fiscal restrictivo y con la presión política de incrementar los ingresos públicos, la SUNAT se ha convertido en el eje de una estrategia centrada más en la recaudación inmediata que en la sostenibilidad institucional. Este enfoque, sumado a los frecuentes cambios en la alta dirección de la entidad, ha configurado un escenario de incertidumbre que impacta con especial fuerza en los medianos y pequeños contribuyentes, quienes carecen de la estructura técnica y los recursos de defensa con que cuentan las grandes empresas.

En los últimos años, la administración tributaria ha intensificado su presencia sobre los contribuyentes medianos, considerados el eslabón “intermedio” entre la gran empresa y la microeconomía informal. Las acciones de fiscalización se han multiplicado, y el cuestionamiento de la fehaciencia y causalidad de las operaciones y los cruces de información se han convertido en el nuevo estándar. Sin embargo, este proceso no siempre viene acompañado de criterios uniformes o sustentos técnicos sólidos. En muchos casos, los reparos y observaciones se enfocan en aspectos formales más que en el fondo económico de las operaciones, lo que deriva en ajustes rápidos y litigios innecesarios.

Esta dinámica tiene una consecuencia directa: el aumento del riesgo tributario. Los contribuyentes de menor escala se ven expuestos a fiscalizaciones más frecuentes y a interpretaciones variables según la intendencia o el equipo auditor asignado. La falta de coherencia técnica, producto de los cambios constantes en la dirección de la SUNAT, ha debilitado la predictibilidad del sistema. Un mismo criterio puede ser aceptado en un procedimiento y cuestionado en otro, generando un entorno de inseguridad jurídica que desalienta la formalización y eleva los costos de cumplimiento.

A ello se suma una tendencia preocupante: la creciente carga administrativa que soportan los contribuyentes formales. En lugar de simplificar, muchas reformas recientes han trasladado las obligaciones de control al propio contribuyente. La proliferación de validaciones electrónicas, declaraciones complementarias y requisitos de trazabilidad documental ha aumentado la complejidad operativa, afectando especialmente a las medianas y pequeñas empresas. En la práctica, las exigencias diseñadas para estructuras contables robustas terminan siendo impuestas a negocios y/o emprendimientos con recursos limitados.

No obstante, este escenario también presenta oportunidades relevantes. La estrategia actual de la SUNAT se orienta cada vez más hacia la formalidad como elemento central para sustentar la fehaciencia de las operaciones. En los últimos años, la administración tributaria ha reforzado su enfoque en la verificación documental, priorizando la coherencia, consistencia y trazabilidad de la información presentada por los contribuyentes.

En este contexto, las empresas que cuenten con procesos formales, registros contables ordenados y documentación de respaldo completa estarán en una mejor posición para acreditar la realidad de sus operaciones ante una eventual revisión. Más allá de los avances tecnológicos, lo determinante será la capacidad de demostrar la sustancia económica y la justificación comercial de cada transacción, especialmente en un entorno de fiscalización cada vez más exigente.

Por ello, la formalidad no debe entenderse solo como una obligación, sino como una estrategia preventiva que fortalece la posición del contribuyente, reduce contingencias y mejora la credibilidad frente a la Administración. El desafío está en transformar la formalidad en una herramienta de protección y confianza, más que en una simple carga administrativa.

Por ello, en un contexto de alta discrecionalidad administrativa, la clave está en anticiparse. La defensa tributaria ya no debe entenderse como una reacción frente a la fiscalización, sino como una estrategia integral de cumplimiento. Esto implica contar con sustento documental claro, coherencia entre la contabilidad, la facturación y las operaciones reales, así como una narrativa económica que respalde cada transacción. El cumplimiento estratégico, más que una carga, se convierte en una herramienta de protección.

La inestabilidad institucional y los constantes cambios en la dirección de la SUNAT han generado un entorno de creciente incertidumbre para los contribuyentes. La falta de criterios uniformes y la aplicación discrecional de las normas durante los procedimientos de fiscalización se traducen en tratamientos desiguales, interpretaciones variables y decisiones imprevisibles. Este escenario resulta particularmente gravoso para los medianos y pequeños contribuyentes, quienes no cuentan con la estructura técnica ni los recursos para enfrentar la complejidad y volatilidad de los criterios administrativos.

La ausencia de lineamientos consistentes no solo incrementa los costos de cumplimiento, sino que debilita la confianza en la autoridad tributaria y desalienta la formalización. En la práctica, cada cambio en la conducción institucional implica un nuevo enfoque interpretativo, generando un sistema en el que la carga probatoria depende más del criterio del auditor que de la norma misma. Esta situación erosiona la seguridad jurídica y distorsiona la relación entre el Estado y los contribuyentes, que perciben la fiscalización más como un riesgo incierto que como un mecanismo legítimo de control.

En síntesis, a los medianos y pequeños contribuyentes les espera un escenario de mayor escrutinio y menor certeza institucional, donde el riesgo tributario ya no dependerá del tamaño del negocio, sino del nivel de preparación y coherencia con que se gestionen las obligaciones tributarias. Quienes logren adaptarse a esta nueva realidad, apostando por la formalización inteligente y la gestión preventiva, no solo sobrevivirán al cambio: serán los primeros en aprovechar las oportunidades de un sistema tributario que, esperemos pueda evolucionar hacia la estabilidad y la equidad.