R y C Asesores

Durante años, las empresas entendieron que una fiscalización sobre exportación de servicios giraba alrededor de una pregunta relativamente clara: ¿el servicio cumple con los requisitos establecidos por la Ley del IGV para ser considerado una exportación? Hoy esa lógica parece estar cambiando.

En fiscalizaciones recientes puede apreciarse una tendencia preocupante: la discusión ya no comienza analizando si el servicio fue aprovechado en el exterior o si se encuentra comprendido en el Apéndice V de la Ley del IGV. Antes de llegar a ese análisis, la Administración exige que el contribuyente demuestre, con un nivel de detalle cada vez mayor, cuál fue la verdadera naturaleza del servicio prestado.

Este cambio no es menor. En la práctica, significa que una empresa puede presentar contratos, órdenes de servicio, reportes de gestión, correos electrónicos, documentación logística, comprobantes de pago e incluso acreditar al personal que ejecutó las actividades, y aun así recibir la conclusión de que no existe evidencia suficiente para identificar la naturaleza del servicio. Bajo ese razonamiento, la Administración ni siquiera ingresa a evaluar si el servicio califica como una exportación.

El problema jurídico de esta tendencia no radica únicamente en la exigencia probatoria. El verdadero debate está en la forma en que se valora la evidencia. En operaciones complejas, especialmente en servicios logísticos, tecnológicos, de soporte corporativo, ingeniería o consultoría internacional, la prestación no se acredita mediante un único documento. Se demuestra a través de una cadena de evidencias que, analizadas en conjunto, permiten reconstruir la realidad económica de la operación.

Cuando la evaluación se limita a afirmar que la documentación «no resulta suficiente» sin explicar por qué cada uno de los elementos aportados carece de eficacia probatoria, surge un serio cuestionamiento sobre el cumplimiento del deber de motivación de los actos administrativos. La motivación no consiste únicamente en expresar una conclusión; exige demostrar el razonamiento que conduce a ella.

Para las empresas, esta tendencia tiene una implicancia inmediata. Ya no basta con celebrar contratos técnicamente adecuados ni con emitir correctamente las facturas. La preparación para una fiscalización debe comenzar desde la ejecución misma del servicio, implementando una estrategia documental que permita reconstruir de manera cronológica la operación y demostrar quién solicitó el servicio, quién lo ejecutó, cómo se desarrolló, cuál fue el entregable y, sobre todo, quién obtuvo el beneficio económico de la prestación.

Las empresas enfrentan además un desafío adicional. Las contingencias derivadas de una eventual recalificación de una exportación de servicios no sólo implican un mayor IGV, sino también intereses, multas y un impacto significativo en los estados financieros y en la gestión de riesgos tributarios de la organización.

Además, deben asumir un rol mucho más activo en la construcción del expediente probatorio de las operaciones internacionales. La documentación tributaria ya no puede elaborarse únicamente cuando llega una carta de SUNAT; debe generarse de manera preventiva mientras la operación aún se encuentra en ejecución.

Las fiscalizaciones están evolucionando. La Administración ya no discute únicamente la interpretación de la norma; cada vez con mayor frecuencia cuestiona la forma en que las empresas demuestran la realidad de sus operaciones. En ese escenario, la diferencia entre una contingencia millonaria y una defensa exitosa dependerá menos del contrato firmado y mucho más de la capacidad de acreditar, mediante evidencia consistente y articulada, cómo se ejecutó realmente el servicio.

La mejor defensa frente a una fiscalización no comienza cuando llega el primer requerimiento. Comienza mucho antes, cuando la empresa diseña una estrategia documental capaz de demostrar, sin dejar espacios para la duda, la realidad económica de cada una de sus operaciones internacionales.