R y C Asesores

En las últimas semanas, la SUNAT ha intensificado sus publicaciones institucionales para destacar sus logros, dentro de ellos, la necesidad de evolucionar desde un modelo centrado en la fiscalización hacia uno basado en la gestión de riesgos, la promoción del cumplimiento voluntario y la construcción de confianza con los contribuyentes. El mensaje es correcto y está alineado con las mejores prácticas recomendadas por la OCDE. Sin embargo, la realidad que enfrentan diariamente las empresas parece contar una historia muy distinta.

Existe una diferencia importante entre el discurso institucional y la actuación administrativa. Mientras se habla de una fiscalización como último recurso, en la práctica la SUNAT continúa privilegiando un enfoque predominantemente fiscalizador y sancionador. Basta observar el incremento de cartas inductivas que comunican supuestos indicios para el ingreso de recaudación, incluso en situaciones donde tales incumplimientos aún no se han configurado o cuando se sustentan en sanciones que siguen siendo materia de controversia y aún no cuentan con una decisión definitiva.

Lo mismo ocurre con las fiscalizaciones. Cada vez resulta más frecuente encontrar reparos sustentados en cuestionamientos sobre la fehaciencia de las operaciones o en exigencias documentarias cada vez más rigurosas, antes que en la detección de verdaderos esquemas de evasión o planificación tributaria agresiva. En muchos casos, la discusión termina concentrándose en aspectos formales de la prueba, desplazando el análisis de la realidad económica de las operaciones y generando una litigiosidad que podría evitarse con criterios de valoración más objetivos y consistentes.

A ello se suma un hecho difícil de conciliar con el objetivo de reducir los costos de cumplimiento. En los últimos años, lejos de simplificarse las obligaciones tributarias, estas se han multiplicado. Nuevas declaraciones informativas, mayores exigencias de reporte, sistemas como el SIRE y otras obligaciones electrónicas han incrementado significativamente la carga administrativa que deben asumir las empresas. La digitalización constituye una herramienta valiosa para mejorar el control tributario, pero pierde legitimidad cuando no viene acompañada de una verdadera simplificación de obligaciones y de una reducción efectiva de los costos de cumplimiento.

Tampoco puede afirmarse que la creciente cantidad de información publicada por la Administración haya fortalecido la seguridad jurídica. La emisión constante de comunicados, notas informativas y publicaciones institucionales difícilmente reemplaza la necesidad de contar con criterios interpretativos estables, precedentes consistentes y reglas previsibles que permitan a los contribuyentes conocer con certeza cómo serán evaluadas sus operaciones.

La confianza entre la Administración Tributaria y los contribuyentes no se construye únicamente mediante mensajes institucionales. Se construye cuando las actuaciones administrativas reflejan proporcionalidad, objetividad, predictibilidad y respeto por los derechos de los contribuyentes. Se construye cuando la fiscalización realmente se convierte en el último recurso y no en el mecanismo ordinario de control. Se construye cuando el cumplimiento voluntario se incentiva mediante reglas claras y no mediante el temor a reparos basados en formalidades.

El cambio de gobierno representa una oportunidad para replantear el modelo de administración tributaria. Si verdaderamente se busca migrar hacia una gestión de riesgos moderna, será necesario que ese cambio trascienda el discurso y se refleje en decisiones concretas: menos cargas administrativas innecesarias, mayor seguridad jurídica, fiscalizaciones enfocadas en riesgos reales de evasión y una relación de cooperación con quienes cumplen sus obligaciones. Solo entonces podrá afirmarse que la SUNAT dejó atrás el paradigma del control para convertirse en una administración tributaria orientada, verdaderamente, a facilitar el cumplimiento tributario.