R y C Asesores

El nuevo ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, ha colocado la lucha contra la evasión tributaria en el centro de su agenda. En su primera conferencia de prensa anunció la creación de una comisión presidencial orientada a reducir la evasión y el incumplimiento del IGV y del Impuesto a la Renta. El mensaje político fue claro: no se plantea aumentar las tasas, sino lograr que se cumplan las obligaciones establecidas por la legislación vigente.

En principio, nadie podría estar en desacuerdo con ese objetivo. Reducir la evasión, ampliar la base efectiva de contribuyentes y lograr que quienes tienen una obligación tributaria la cumplan es necesario para mejorar la recaudación sin incrementar la presión tributaria sobre quienes ya cumplen.

Sin embargo, la declaración del ministro plantea una pregunta que merece una discusión más profunda: ¿qué significa reducir la evasión cuando la SUNAT lleva años fiscalizando el IGV y el Impuesto a la Renta, y buena parte de sus actuaciones está dirigida a detectar operaciones no declaradas, crédito fiscal indebido, gastos no deducibles, ingresos omitidos y operaciones que, a criterio de la administración, carecen de suficiente sustento o fehaciencia?

La evasión no es un problema nuevo. La SUNAT conoce desde hace décadas las principales brechas del IGV y del Impuesto a la Renta y ha desarrollado mecanismos para enfrentarlas. La facturación y los libros electrónicos, las declaraciones informativas, retenciones, percepciones y detracciones, los cruces de información, las verificaciones y fiscalizaciones, así como el intercambio internacional de información, han incrementado sustancialmente su capacidad para detectar inconsistencias.

Por ello, el anuncio de una comisión para reducir la evasión no puede interpretarse simplemente como el inicio de una lucha contra un problema que hasta ahora no había sido atendido. La SUNAT ya lo viene haciendo. La verdadera cuestión es qué cambiará a partir de ahora.

Una posibilidad es la intensificación del modelo de control existente. Si no se aumentarán las tasas y se pretende obtener mayores ingresos haciendo que los contribuyentes paguen lo que legalmente corresponde, parte del resultado necesariamente tendrá que provenir de una mayor capacidad para detectar incumplimientos. Esto puede traducirse en más cruces de información, verificaciones y fiscalizaciones, así como en una posición más estricta frente a las operaciones que reduzcan la obligación tributaria.

Aquí aparece uno de los temas que mayor preocupación genera actualmente entre las empresas: la fehaciencia de las operaciones.

En numerosas fiscalizaciones del IGV y del Impuesto a la Renta, la discusión ya no se limita a determinar si existe una factura o un contrato. La administración puede exigir que el contribuyente demuestre que la operación ocurrió realmente, que se realizó en los términos declarados, que el servicio fue efectivamente prestado, que existió un beneficio para la empresa y que existe documentación suficiente para reconstruir lo sucedido.

La exigencia de demostrar la realidad de las operaciones es razonable. Una factura no debería convertirse en una autorización automática para deducir un gasto o utilizar crédito fiscal. El problema surge cuando la lucha contra la evasión conduce a elevar progresivamente el estándar probatorio, al punto de que una operación real y económicamente válida pueda ser desconocida porque el contribuyente no consiguió producir el nivel de evidencia esperado por la administración.

La diferencia es sustancial. Una cosa es combatir una operación inexistente o simulada; otra, considerar que una operación real constituye evasión porque su documentación no resulta suficientemente convincente para el fiscalizador.

Este riesgo adquiere especial relevancia si la prioridad será reducir la evasión haciendo cumplir las obligaciones existentes. Si la respuesta institucional se concentra en los contribuyentes ya identificados dentro del sistema, el resultado podría ser una fiscalización cada vez más intensa y un estándar de prueba más exigente.

En ese escenario, la pregunta para empresarios y profesionales será inevitable: ¿estamos ante una política de reducción de la evasión o ante una política de mayor severidad en el control tributario?

La diferencia no es solamente conceptual; tiene consecuencias económicas concretas. Una empresa formal puede estar correctamente registrada, emitir comprobantes, llevar contabilidad, presentar sus declaraciones y pagar sus impuestos y, sin embargo, enfrentar una fiscalización en la que se cuestionen determinados gastos, créditos fiscales o servicios por insuficiencia de evidencia. El resultado puede ser un reparo, intereses, multas y años de controversia administrativa y judicial.

Si la estrategia contra la evasión se traduce principalmente en endurecer estos controles, existe el riesgo de que los mayores costos recaigan precisamente sobre quienes ya están dentro del sistema formal y cumplen regularmente sus obligaciones.

Por eso, el verdadero alcance del anuncio de Cuba dependerá de cómo se traduzca en la práctica.

Si la nueva comisión termina proponiendo fundamentalmente más fiscalizaciones, sanciones, información y estándares probatorios más exigentes, estaremos probablemente ante una intensificación del modelo de control que SUNAT ya viene aplicando.

Si, en cambio, consigue identificar efectivamente a quienes hoy están fuera del sistema, incorporar a informales y actividades que generan rentas no declaradas, detectar la evasión deliberada y reducir las brechas existentes sin trasladar todos los costos del mayor control a los contribuyentes formales, estaremos frente a algo mucho más importante.

El mensaje de “no aumentar las tasas” plantea precisamente ese desafío. La mayor recaudación deberá provenir de una mayor cantidad de contribuyentes que cumplen, una menor subdeclaración y una reducción de las operaciones que indebidamente disminuyen el IGV o el Impuesto a la Renta.

Pero existe una diferencia entre recaudar más porque se reduce la evasión y recaudar más porque aumentan los reparos en las fiscalizaciones. La primera implica una verdadera ampliación de la base tributaria; la segunda puede significar simplemente una mayor intensidad del control sobre los contribuyentes ya identificados.

Esta distinción debería ser especialmente importante para los empresarios. El nuevo escenario exige revisar la consistencia entre las operaciones realizadas, contratos, comprobantes, medios de pago, registros contables, declaraciones y toda evidencia que permita demostrar la realidad económica de las transacciones. En los servicios, particularmente, será cada vez más importante poder acreditar qué se hizo, quién lo hizo, cuándo, cómo y cuál fue el beneficio obtenido.

La lucha contra la evasión no puede convertirse en una mayor presión sobre quienes ya cumplen. El verdadero desafío es incorporar a quienes están fuera del sistema y reducir efectivamente la brecha tributaria, no simplemente aumentar los reparos a los contribuyentes de siempre.

Pero ello tampoco significa que las empresas puedan bajar la guardia. Si la fiscalización se intensifica, deberán estar preparadas para demostrar, con evidencia sólida y suficiente, la realidad de sus operaciones y el correcto cumplimiento de sus obligaciones. El éxito de esta nueva etapa se medirá, finalmente, por cuánto se reduce la evasión y no por cuánto más se controla a los mismos contribuyentes.